Cuando se levantó del piso no recordaba nada. Sintió su nariz hinchada y vio gotas de sangre en toda su ropa. Estaba en la sala de su casa. De pronto escuchó el grito de su madre desde otra habitación: ¡Liliana tráeme agua! El temor invadió su cuerpo y se quedó paralizada, pero tuvo que reaccionar inmediatamente. Sabía que si no lo hacía su madre nuevamente le pegaría hasta dejarla inconsciente. A sus 8 años, Liliana tomó la decisión de salir de su casa. “Escapar era lo único que se me vino a la mente en ese momento; no quería saber más de golpes, maltratos e insultos”. Según el art. 22 del Código de la Niñez y Adolescencia, los menores tienen derecho a tener una familia y a la convivencia con esta. “Tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en ella”. En esa norma se explica que excepcionalmente, cuando aquello sea imposible, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la Ley. “En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral”. Eso no ocurrió en el caso de Liliana, que en el 2 010 fue parte de los 2 269 hechos de violencia intrafamiliar femenina en menores de 0 a 12 años que se registraron en Quito, según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC). 22 casos en hombres del mismo rango de edad ocurrieron en igual período. Dos de ellos fueron el de José Miguel, de 7 años, quien junto a su hermano Braulio, de 4, recibían fuertes castigos por parte de sus progenitores. “Mi padre llegaba a la casa borracho y nos pegaba. Cuando mi mamá estaba sola también bebía y nos golpeaba en la cara y en el estómago”.

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